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Caídas y deber de conservación de las vías públicas

Las condiciones de seguridad ante caidas en la via publicaPor lo que se refiere al hecho de que la calzada se encuentre mojada, invocado por los reclamantes como causa del daño, así en el caso contemplado, hemos dicho que: «Por otro lado, el hecho de que la calzada se encuentre mojada no constituye por sí mismo un defecto en el viario público, salvo que se acredite que ello reviste suficiente entidad para poner en riesgo la circulación de vehículos, como podría ser la existencia de agua embalsada o una falta de adherencia de la calzada, circunstancias que no se acreditan en el expediente.

Por el contrario, de los informes recabados en el curso del procedimiento se constata la inexistencia de incidencias en los servicios municipales en la zona así como en relación al servicio prestado. Además del informe de la policía municipal puede inferirse que el hecho de que la calzada se encontrara mojada no revestía peligrosidad alguna, pues no consta en el informe que se procediese a cortar el tráfico o adoptar alguna medida de seguridad, sino que por el contrario se consigna expresamente en el informe que “la circulación no se vio afectada”». En el caso de irrupción de animales en la calzada se ha señalado que la Administración tiene el deber de mantener las carreteras abiertas a la circulación pública en condiciones tales que la seguridad de quienes las utilicen esté normalmente garantizada.

Excede sin embargo ese límite el caso de irrupción de un animal salvaje en una carretera convencional. La presencia de animales vivos en las calzadas de las carreteras convencionales no genera el nacimiento de la obligación de responder para la Administración, puesto que, conforme a su propia configuración legal, carecen de todo tipo de vallado y limitación de accesos, condiciones sí exigidas en el diseño y construcción de autovías, de conformidad con el artículo 59.3 del Decreto 29/1993, de 11 de marzo.

De esta manera se ha recogido la jurisprudencia que señala que “el siniestro se produce por una causa -existencia de animales sueltos de titularidad desconocida en la calzada de una Carretera Nacional- no imputable a la Administración, en tanto ocurre en una vía de configuración convencional en la fecha de los hechos, por consiguiente sin la protección perimetral propia de las autovías y autopistas, siendo de todo punto imposible que los poderes públicos puedan controlar totalmente cuantos semovientes accedan a carreteras de esas características, convirtiéndose en una suerte de providencialista aseguradora universal”

En cuanto a los llamados “puntos negros” se ha dicho que no es causa suficiente para atribuir la existencia de responsabilidad patrimonial. Se ha recogido en este punto la jurisprudencia que declara: “el hecho de que con posterioridad al accidente se instalaran algunas de las medidas de seguridad que el recurrente echa en falta no desvirtúa por si solo el que la vía, en el momento en que se produjo el accidente, gozaba de las condiciones de señalización e infraestructuras suficientes para garantizar la circulación segura por la misma” Al hilo de la jurisprudencia señalada,, se indicó que el hecho de que “se repare una calzada con posterioridad a un accidente no significa que antes no reuniera las condiciones adecuadas para la circulación”.

En el caso analizado en el se indicó que la circunstancia, invocada por los reclamantes, de que, después de acaecido el accidente, se produjeran cambios en la señalización del lugar, “no permite deducir, como parecen hacer los interesados, que la señalización existente el día de los hechos fuera inadecuada, por cuanto que las modificaciones en la señalización consistieron en poner señales luminosas de curvas peligrosas y de velocidad máxima de 70 km/h, es decir, la misma señalización que ya existía, pero con iluminación, y añadir una señal, también luminosa, de recomendación de circular a 50 km/h, en caso de lluvia”.

En el Dictamen, se analizó el caso de un accidente de tráfico en el que la reclamante vinculaba causalmente el siniestro, con la peligrosidad del tramo de carretera en el que se produjo, de lo que pretendía inferir la responsabilidad patrimonial. Accidentes de circulación Administración autonómica titular de la infraestructura viaria. Se dijo que de la circunstancia de que en la zona en la que se produjo el accidente se produzca un elevado número de ellos, no permite concluir, sin más, que la responsabilidad del accidente sea imputable a la Administración titular de la infraestructura viaria.

Si bien es deseable que el trazado de las carreteras sea el óptimo, en el sentido de evitar curvas o que éstas tengan el mayor radio posible, ello no es exigible a la Administración y, desde luego, no puede servir genéricamente para fundar una reclamación de responsabilidad patrimonial cuando el estado del firme, el mantenimiento y la señalización de la carretera son los correctos. Cuestión distinta sería, verbigracia, que el peralte de las curvas o su radio fuera incompatible con la seguridad. Por lo que se refiere a las vías ciclistas, hemos recordado la jurisprudencia que vincula la antijuricidad al hecho de que la vía no esté en circunstancias adecuadas de conservación, y de que esa falta de cuidado sea, además, relevante.

En este sentido, señalamos que «en el caso de vías ciclistas, los tribunales han considerado en ocasiones que existía un riesgo para los ciclistas que superaba los estándares de seguridad exigibles a la Administración por la existencia de “un escalón con un desnivel de 10 cm” o por “una zanja existente en un lateral de dicho corredor” No obstante el caso analizado en el citado dictamen no se apreció la antijuricidad por las siguientes razones: “En el caso examinado hay que tener en cuenta diversas circunstancias que nos inclinan a considerar la inexistencia de falta de un adecuado deber de conservación de la vía ciclista en relación al accidente objeto de reclamación.